J. Bradford DeLong*
Desde la publicación de la obra de Frank Ramsey en 1928 los economistas han aceptado el argumento pragmático de que una buena economía es aquella en la que los rendimientos de la inversión no son un múltiplo demasiado grande –menos de tres– de la tasa de crecimiento económico por habitante. Una economía en la que los beneficios de la inversión son altos en comparación con la tasa de crecimiento es una economía que no está ahorrando ni invirtiendo suficientemente.
Esa idea ha engendrado la suposición poderosa de que, si una economía en conjunto no está ahorrando ni invirtiendo suficientemente, el gobierno debe contribuir a corregir ese problema obteniendo superávits y no empeorarlo con déficits que agotan el cúmulo de ahorros privados disponibles para financiar la inversión. Ésa es la razón por la que la mayoría de los economistas son partidarios de la línea dura en relación con los déficits.
Naturalmente, los gobiernos deben recurrir a los déficits en las depresiones para estimular la demanda y frenar el aumento del desempleo. Además, la mejor forma de considerar un gran gasto público de emergencia en partidas corrientes es como ahorro e inversión nacionales. Franklin Delano Roosevelt no podía haber hecho una mejor inversión para el futuro de los Estados Unidos y para el mundo que lanzar una guerra total contra Adolf Hitler. Asimismo, los presidentes George H. W. Bush y Bill Clinton deberían haber reconocido en el decenio de 1990 que algo parecido a un plan Marshall para la Europa oriental con vistas a contribuir a la transición del comunismo habría sido una inversión excelente para el futuro del mundo.
Pero la regla es que los gobiernos deben obtener superávits y no déficits, por lo que diversos asesores económicos de presidentes americanos han sido partidarios de poner la mira en la consecución de superávits presupuestarios, excepto en épocas de demanda débil y amenaza de depresión. Así fue sin lugar a dudas en el caso de los asesores económicos de Eisenhower, Nixon y Ford y en el de los asesores económicos de George H. W. Bush y de Bill Clinton.
Así fue también en el caso de los asesores económicos de Reagan. Algunos de los asesores de Reagan no creían sinceramente que las reducciones de impuestos de comienzos del decenio de 1980 crearían los grandes déficits que hubo (pienso en Beryl Sprinkel y Lawrence Kudlow). Otros, como Martin Feldstein y Murray Weidenbaum, entendieron las consecuencias de las reducciones fiscales de Reagan y fueron firmes oponentes burocráticos, aunque no lo manifestaran públicamente.
De hecho, desde la segunda guerra mundial, sólo los asesores económicos de George W. Bush han dejado de seguir ese consenso. Algunos lo han hecho porque están haciendo una carrera política como republicanos fieles a la línea del partido, por lo que su prioridad es decir a los políticos republicanos lo que quieren oír (en este caso pienso en Josh Bolton y Mitch Daniels). En cuanto al resto, sus razones para apoyar las políticas del gobierno de Bush que reducen los ahorros resultan misteriosas. No es como si se propusieran conseguir el derecho vitalicio de acceso a la cafetería de la Casa Blanca ni que haber dicho que sí a George W. Bush vaya a abrirles todas las puertas en el futuro.
Pero sus fallos sí que plantean un dilema a los economistas demócratas partidarios de la línea dura en materia de déficits que intentan determinar cuáles serían las políticas económicas idóneas en caso de que Barack Obama llegara a presidente. Quienes prestamos servicios en el gobierno de Clinton y trabajamos denodadamente para poner orden en las finanzas de los Estados Unidos y convertir los déficits en superávits somos muy conscientes de que, después de ocho años de gobierno de George W. Bush, la situación parece peor que cuando nosotros comenzamos, allá por 1993. Nuestros sucesores han echado a perder toda nuestra labor con su intención de ganar la guerra de clases al volver más desigual la distribución de los ingresos en los Estados Unidos.
Una cadena es sólo tan fuerte como lo sea su eslabón más débil y laborar en pro del fortalecimiento de los eslabones demócratas de la cadena de asesoramiento fiscal, cuando los eslabones republicanos no es que sean débiles, sino que son inexistentes, parece carecer de sentido. Los asesores políticos de los futuros gobiernos demócratas pueden aducir que la única forma de atar las manos de los republicanos e impedir que lancen otra ofensiva polarizadora de la riqueza es la de aumentar el déficit lo suficiente para que incluso ellos se asusten.
Pueden tener razón. Las políticas fiscales creadoras de superávits establecidas por Robert Rubin y compañía en los gobiernos de Clinton habrían sido muy buenas para los Estados Unidos, si al gobierno de Clinton hubiera seguido un sucesor normal, pero, ¿cuál es la política fiscal adecuada que debe aplicar un futuro gobierno demócrata cuando no hay garantía de que ningún sucesor republicano vaya a volver a ser “normal”? Se trata de una pregunta difícil y yo no conozco la respuesta.
Sin embargo, existe un principio fiscal que se debe respetar. Los déficits fiscales tan grandes, que imprimen una explosiva tendencia alcista al índice deuda—PIB no sólo hacen de lastre para el crecimiento económico a largo plazo, sino que, además, crean la posibilidad de que en cualquier momento la economía afronte un desastre financiero y macroeconómico inmediato. Una actitud fiscal más dura puede no ser ya posible en los futuros gobiernos demócratas y, en caso de que sí lo fuera, podría no ser una política positiva, dado el probable carácter de los gobiernos futuros. Así, pues, la de estabilizar el índice deuda—PIB es la raya en la arena que no se debe cruzar.
*Profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley y antiguo vicesecretario de Hacienda de los Estados Unidos.
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